Presentan una solicitid de arbitraje ante el Banco Mundial por el impacto en la remuneración de sus inversiones en termosolar que ha tenido la reforma.
Cuatro fondos extranjeros con intereses en energías renovables en España han presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI (el mismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF) por el impacto en la remuneración de sus inversiones que ha tenido la reforma eléctrica del Gobierno español.
RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux, fondos del vehículo de inversión en infraestructuras de Deutsche Bank, por una parte, y Antin Infrastructure Services Luxembourg y and Antin Energia Termosolar, vinculados al banco francés BNP, por otra, presentaron el pasado 22 de noviembre sendas demandas de arbitraje contra el Reino de España.
Las solicitudes ante este organismo dependiente del Banco Mundial se suman a otras demandas como la presentada en 2011 por inversores fotovoltaicos que invocaron la denominada Carta de la Energía, cuya finalidad es proteger las inversiones en otros países. Además, compañías como Acciona o Abengoa han tomado acciones legales contra distintos puntos de la reforma emprendida por el ministerio español de Industria.
El asesor legal de los arbitrajes ante el CIADI y la Carta de la Energía es Allen & Overy, un bufete especializado con central en Londres cuyos servicios han contratado fondos e inversores internacionales con intereses de más de 13.000 millones en energías renovables en España.
Las inversiones en energía renovable españolas ya sufrieron recortes durante el último mandato del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se han resentido también con medidas adoptadas por el actual Gobierno como la tasa lineal a la generación eléctrica y la desvinculación de la inflación a la hora de fijar su remuneración.
Actualmente, el sector de renovables vive pendiente del informe que están elaborando dos consultoras independientes, Boston Consulting y Roland Berger, y que concretará el vago concepto de rentabilidad razonable fijando los ingresos que recibirán las inversiones verdes. Según fuentes del sector, cuando se conozcan los detalles del informe la litigiosidad contra el Gobierno podría intensificarse.
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