La marea negra ocasionada por el Prestige fue un buen ejemplo para ver la necesidad de aplicar el principio de “el que contamina, paga”.
Tal principio, aplicado al petróleo, implica internalizar los costes de las externalidades como las mareas negras, las lluvias ácidas, la contaminación atmosférica local, el ozono troposférico, el cambio climático y los impactos ambientales y sociales de las prospecciones y la extracción de petróleo.
Ello supone aumentar de forma drástica la fiscalidad sobre la energía, tanto para internalizar los costes como para reducir el consumo de productos petrolíferos (gasolinas, gasóleos, queroseno, GLP, naftas o fueloil), pues a fin de cuentas la marea negra es sólo una de las muchas consecuencias de un modelo energético dependiente de los combustibles fósiles, que se importan desde los países productores, un modelo de dependencia del petróleo que ya ha ocasionado varias guerras y ha convertido a Oriente Próximo y al Golfo Pérsico en una de las zonas más inestables y conflictivas. La guerra y ocupación de Irak carecería de sentido de no ser por el petróleo.
Si el petróleo, como el carbón y la energía nuclear, tuviera que repercutir en los precios finales todas las externalidades, perdería competitividad al encarecerse, aumentaría la eficiencia y el ahorro, y se desarrollarían rápidamente las fuentes alternativas y renovables, como la energía eólica, la termosolar, la fotovoltaica y la biomasa.
Necesitamos otro modelo energético, basado en la eficiencia y en las energías renovables, y también una profunda reforma ecológica de la fiscalidad. Lo barato es caro, como demuestra la marea negra, que a fin de cuentas es sólo una metáfora del actual modelo energético, tan obsoleto y contaminante como el Prestige.
Benjamin Flanklin observó que los impuestos son tan inevitables como la muerte, y el economista británico Arthur Cecil Pigou fue el primero en definir las externalidades y en defender que se penalizase fiscalmente el deterioro ambiental ya en 1920, en su libro The Economics of Welfare. Los impuestos ambientales, y una amplia reforma ecológica de la fiscalidad bien diseñada, pueden ser un instrumento en el camino hacia la sostenibilidad. Una de las herramientas disponibles para que las administraciones públicas puedan llevar adelante un programa de desarrollo sostenible son los instrumentos económicos, y es dentro de estos instrumentos donde se enmarca la fiscalidad ecológica.
La terminología fiscal española no distingue entre tributos, impuestos y tasas. Los impuestos y tributos financian los presupuestos públicos, y las tasas en teoría sirven para pagar un servicio social.
Según el V Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE, “para obtener precios correctos y para crear incentivos basados en el mercado que propicien un comportamiento económico respetuoso con el medio ambiente, la utilización de instrumentos económicos y fiscales tendrá que convertirse en una parte cada vez más importante de una aproximación global”.
El objetivo fundamental de los instrumentos económicos será el de internalizar todos los costes ambientales externos en los que se incurre a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, desde su origen hasta su depósito final, desde la cuna hasta la tumba, pasando por su producción, distribución y uso, de manera que los productos más sostenibles no resulten menos competitivos en los mercados frente a productos que ocasionen contaminación y residuos.
Entre los inconvenientes de la fiscalidad ecológica están los problemas distributivos, tal y como reconoce el informe elaborado por la Agencia Europea del Medio Ambiente (1996). Environmental Taxes. Implementation and Environmental Effectiveness). Pero con las medidas apropiadas los impuestos pueden gravar las actividades y productos insostenibles, sin perjudicar a los sectores más pobres. En el caso del agua se ha propuesto un sistema de precios por bloques, que grave más los consumos a partir de cierta cantidad, como los que se dan en las viviendas con piscinas y jardines, que no son precisamente la de los más pobres, o determinados usos, como los campos de golf. Para la energía se podrían adoptar medidas similares, o de bonos y ayudas a los sectores con menos poder adquisitivo. Además los impuestos fiscales indirectos no se contradicen con los clásicos impuestos directos sobre la propiedad, o la renta, como el IRPF.
Los objetivos de la fiscalidad verde son dos: la equidad social (a través sobre todo de impuestos directos) y la sostenibilidad ambiental (con impuestos sobre todo indirectos).
A pesar de que el V Programa de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente recomendó ya en 1992 un mayor uso de los instrumentos económicos, como los impuestos ambientales, desde entonces se han producido escasos progresos en su utilización a escala de la Unión Europea.
Los impuestos sobre el trabajo, incluida la SS, representan en 50% de los impuestos, y los impuestos ambientales, incluidos los energéticos y sobre la matriculación de turismos, en ningún país europeo llegan al 10%. En cualquier caso, se ha producido un continuo incremento en la utilización de estos impuestos a lo largo de la última década, que se ha acelerado en los últimos años. Ello se manifiesta principalmente en los países escandinavos pero es reseñable también en los casos de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda y el Reino Unido, e incluso en los países de Europa Oriental.
Los impuestos ambientales representaban el 5,84% de los ingresos fiscales en 1980, el 6,17% en 1990 y apenas el 6,71% en 1997. El 75% proceden de los impuestos sobre la energía. El 20% de los impuestos ambientales gravan el transporte (impuesto de matriculación y otras tasas sobre la circulación), aunque las externalidades del sector, según la AEMA, representan el 7,8% del PIB de la UE (530.000 millones de euros). La fiscalidad sobre el transporte aéreo es inexistente, a pesar de sus considerables impactos (emisiones, ruido de aeropuertos).
Menos del 5% de los impuestos ambientales en la Unión Europea proceden de los productos químicos, residuos, emisiones, agua, turismo, tierra y recursos naturales en general. La necesidad de unanimidad sobre las medidas fiscales entre todos los estados miembros ha dificultado los progresos, como demuestra el impuesto sobre la energía/CO2.
La Agencia Europea del Medio Ambiente identificó y revisó los estudios de evaluación de dieciséis tipos de impuestos ambientales. Pese a las limitaciones de estos informes, los impuestos han resultado ambientalmente eficaces y han alcanzado estos objetivos a un coste razonable. Entre los ejemplos de impuestos que han tenido éxito se incluyen los establecidos sobre el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno en Suecia, los residuos tóxicos en Alemania, la contaminación del agua en Holanda, y los gravámenes diferenciales sobre la gasolina con plomo y el gasóleo en Suecia.
La mayoría de las barreras que se oponen a su puesta en marcha, especialmente a la de los impuestos sobre la energía, así como los impactos potencialmente negativos sobre la competitividad, el empleo (particularmente en sectores o regiones específicas) y sobre los grupos de ingresos más bajos, se pueden superar mediante un diseño cuidadoso, la utilización de impuestos ambientales y de sus respectivos ingresos como parte de paquetes de medidas políticas y de reformas verdes de los sistemas fiscales, y una puesta en marcha gradual con información y amplias consultas.
La amortiguación de los efectos potencialmente negativos se puede asegurar mediante las medidas anteriores, como ha demostrado la experiencia de algunos países europeos, especialmente en Suecia. La competitividad global de los países puede mejorar mediante impuestos bien diseñados que puedan promover la innovación y estimular en cambio estructural.
La sostenibilidad es el único futuro posible, y aquellos países que implanten primero los nuevos impuestos ecológicos, serán también los primeros en desarrollar los nuevos productos, procesos y tecnologías más sostenibles. Al ampliarse las preocupaciones ambientales, se incrementan las perspectivas para un mayor uso de los impuestos, junto con otros instrumentos económicos.
Si los impuestos ambientales están bien diseñados y se ponen en marcha de manera gradual y bien explicada, pueden traer mejoras en cuatro áreas clave de las políticas públicas: el medio ambiente, la innovación y la competitividad, el empleo y el sistema fiscal.
Estas son las principales conclusiones de los dos informes sobre impuestos ambientales elaborados por la Agencia Europea del Medio Ambiente. La OCDE ha realizado análisis más globales (1995. Environmental taxes in OECD Countries).
El por qué de los impuestos ambientales
La Agencia Europea del Medio Ambiente señala cinco razones importantes para utilizar los impuestos ambientales:
1. Son instrumentos eficaces para la internalización de los costes de las externalidades.
Las externalidadesson los efectos colaterales de las actividades económicas cuyos costes no son pagados ni por los productores ni por los consumidores directamente implicados, como el cambio climático, las mareas negras, las lluvias ácidas, la contaminación atmosférica, los residuos generados, los accidentes o la pérdida de biodiversidad. El uso de los automóviles privados ocasionan muchas externalidadesque no son pagadas por los automovilistas, como la contaminación atmosférica, la ocupación de espacio, los accidentes, el ruido o la congestión.
La no inclusión de las externalidades en los precios distorsionan los mercados, al promover actividades insostenibles. De incluir en el precio todas o parte de las externalidades su uso disminuiría drásticamente, adoptándose por razones económicas otras alternativas. Las energías renovables son más caras con los precios actuales, pero de incluir las externalidades del carbón, el petróleo y la energía nuclear, la situación sería muy diferente.
Por supuesto que calcular las externalidades es difícil, y en muchos casos imposible. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Y una especie en extinción? ¿Y un paisaje? Pero no por ello se debe dejar de hacerlo, y en cualquier caso todo aumento de precios de los productos y actividades insostenibles en una economía de mercado es positivo. La internalización de las externalidades se complementa, y no se opone, a las leyes y normativas.
Los impuestos ecológicos contribuyen a la puesta en práctica del principio “el que contamina paga” y a la integración de las políticas económicas y ambientales.
*pueden ofrecer incentivos tanto a los consumidores como a las empresas productoras para cambiar su comportamiento en la dirección de una utilización más eficiente de los recursos, estimular la innovación y los cambios estructurales; y para reforzar el cumplimiento de las leyes.
*pueden elevar los ingresos fiscales que se podrían utilizar para mejorar los gastos ambientales y/o para reducir los impuestos sobre el trabajo (cotizaciones a la Seguridad Social).
*pueden ser unas herramientas políticas particularmente eficaces para afrontar las prioridades ambientales producidas por fuentes difusas de contaminación como las emisiones del transporte (incluyendo vehículos privados, camiones, transporte aéreo y marítimo), los residuos (envases, pilas) y productos químicos utilizados en la agricultura (plaguicidas y fertilizantes).
Tipos de impuestos ambientales
Los impuestos ambientales se clasifican en tres tipos principales de acuerdo con sus objetivos políticos:
1. Tasas para financiar el coste, como por ejemplo las diseñadas para cubrir los costes de los servicios ambientales y de las medidas reductoras (cargas sobre el consumidor) y que se pueden utilizar para gastos ambientales relacionados (impuestos afectados a determinados gastos).
2. Impuestos incentivadores, diseñados para cambiar el comportamiento de los productores o de los consumidores.
3. Impuestos ambientales de carácter fiscal, diseñados principalmente para elevar los ingresos.
En muchos casos se puede observar en la práctica una mezcla de las tres funciones. El desarrollo de los impuestos ambientales se ha producido generalmente desde las tasas en los años sesenta y setenta, a una combinación de los impuestos incentivadores y de los de carácter fiscal en los años ochenta y noventa, y su más reciente integración en reformas fiscales ecológicas de los sistemas impositivos, donde los impuestos sobre lo malo como la contaminación, sustituyen a impuestos sobre lo bueno, como el empleo.
¿Quién utiliza los impuestos ambientales?
Las actuales tendencias en relación con los impuestos ambientales (que aquí se dividen en impuestos sobre la energía y otros impuestos) se pueden resumir de la siguiente manera:
*Los impuestos ambientales (impuestos no energéticos, de acuerdo con la clasificación de la DGXXI/Comisión Europea) representaban solamente un 1,5% de los impuestos dentro de la UE. Sólo en algunos países los impuestos ambientales representan un porcentaje más alto (Holanda 5,1%; Dinamarca 4%): Los impuestos clasificados como impuestos sobre la energía representan una mayor proporción (5,2% como media dentro de la UE) y hasta el 10% en Portugal y Grecia.
*Las tendencias generales impositivas muestran desde 1980 un incremento en los impuestos sobre el trabajo y una reducción de los impuestos sobre el capital, mientras que la participación de los impuestos ambientales y sobre la energía permanece relativamente estable, con un ligero incremento de los impuestos sobre la energía.
*A pesar de que no se han producido grandes progresos en la puesta en marcha de impuestos ambientales a escala de la UE, si lo han hecho algunos de los Estados miembros, particularmente los países del norte de Europa.
*Varios países se encuentran actualmente poniendo en marcha impuestos ambientales en el marco de reformas fiscales ecológicas de los sistemas impositivos, utilizando los nuevos ingresos fiscales para reducir otros impuestos, como por ejemplo los impuestos sobre el trabajo (cotizaciones a la SS).
¿Funcionan los impuestos ambientales?
Las principales conclusiones de las investigaciones de los escasos estudios de evaluación disponibles sobre impuestos ambientales, entre los que destacan los realizados por la Agencia Europea del Medio Ambiente son:
*Los impuestos analizados son beneficiosos en términos ambientales, y en la mayoría de los casos parecen salir airosos de un análisis coste/beneficio, considerando las limitaciones de los estudios efectuados;
*Ejemplos de impuestos particularmente eficaces son aquellos establecidos sobre la contaminación del aire en Suecia, la contaminación del agua en Holanda y la tasa sobre los óxidos de nitrógeno y los gravámenes diferenciales para las gasolinas en Suecia;
*Los impuestos incentivadores son, en general, ambientalmente eficaces cuando el impuesto es lo suficientemente alto como para estimular las medidas reductoras;
*Una contribución significativa a la eficacia de las tasas para financiar el coste procede de la utilización de los ingresos en gastos ambientales relacionados.
*Los impuestos pueden funcionar en periodos relativamente cortos de tiempo (de 2 a 4 años), y, por lo tanto, podemos compararlos de manera favorable con otros instrumentos políticos, a pesar de que los impuestos sobre la energía (lo mismo que algunas regulaciones) pueden necesitar entre 10 y 15 años para ejercer de modo sustancial como incentivo.
*Evaluar un impuesto ambiental no es fácil. Los impuestos forman parte, a menudo, de un paquete de medidas que resulta difícil de desenmarañar. Por lo tanto la eficacia de un impuesto per se no puede siempre identificarse de manera clara.
Además los impuestos pueden tener efectos ambientales múltiples y producir beneficios secundarios que pueden mejorar las políticas en cuatro áreas claves: la innovación ambiental y la competitividad, el empleo y el sistema fiscal.
Barreras políticas
Existen varias e importantes barreras políticas que se oponen a la introducción de los impuestos ambientales y particularmente de aquellos establecidos sobre la energía:
*Los impactos percibidos sobre la competitividad y, a menudo, el empleo, particularmente en algunos sectores y regiones;
*Los impactos percibidos sobre los grupos de menores ingresos (los pobres pagan proporcionalmente más que los ricos);
*Los conflictos percibidos entre los impuestos nacionales y los de la UE o con los acuerdos de comercio internacional;
*La regla de la unanimidad a la hora de votar medidas fiscales dentro de la UE;
*La percepción de que los impuestos deben ser altos para que funcionen;
*El conflicto percibido entre cambiar el comportamiento y mantener los ingresos;
*Los subsidios y las regulaciones existentes que producen efectos ambientales perversos y
*Otras políticas y culturas que impiden la existencia de impuestos ambientales.
La mayoría de las barreras a la puesta en marcha se podrían superar mediante la eliminación de las subvenciones y regulaciones ambientalmente perversas; un diseño cuidadoso de los impuestos y de las medidas atenuantes; la utilización de los impuestos ambientales y de sus ingresos como parte de paquetes de medidas y de reformas fiscales ecológicas de los sistemas impositivos; una puesta en marcha gradual; consultas extensivas; e información.
La compatibilidad dentro de la UE así como el voto por unanimidad son temas que se deben afrontar. La competitividad general de los países se puede mejorar mediante impuestos bien diseñados que puedan incentivar la innovación y fomentar el cambio estructural.
Mayor uso de los impuestos ambientales
Los impuestos ambientales, junto con otros instrumentos políticos, pueden ayudar a alcanzar los cambios estructurales necesarios para avanzar hacia la sostenibilidad, mediante una corrección de las señales vía precios y de las distorsiones del mercado. Se deberían utilizar por lo tanto más extensamente.
La utilización de los impuestos ambientales se puede ampliar de tres maneras principales: extendiéndolos en más países europeos; y desarrollando nuevas bases impositivas, cada vez más fundamentadas en los insumos de materiales y las emisiones, como el agua, minerales, productos químicos peligrosos, transporte (aéreo y marítimo), usos del suelo y turismo. Los flujos de recursos físicos dentro del sistema económico, como la energía, los minerales y los beneficios derivados de la utilización del suelo, podrían producir sustanciales ingresos fiscales para reformas verdes de los sistemas impositivos.
Investigación sobre políticas y externalidades
Los impuestos ambientales a menudo funcionan mejor cuando forman parte de un grupo de medidas que tenga por objetivo afrontar un problema ambiental (o varios), pero la interacción de varias herramientas políticas resulta entonces compleja. Particularmente útil sería el desarrollo de un marco que afrontara la aplicación potencial de herramientas políticas diferentes en función de una tipología de problemas ambientales.
Finalmente, para mejorar el diseño de impuestos ambientales, se necesita investigar en áreas como la evaluación de externalidades, y en todo lo relacionado con sus aspectos distributivos. Es necesario investigar más, pero ya se conoce lo suficiente como para desarrollar más medidas en el terreno de los impuestos ambientales.
Medidas para implantar los impuestos ambientales
*Estudios, por anticipado, que investiguen los posibles efectos del impuesto o de los paquetes de medidas, en particular los costes reductores dentro de cada sector, las implicaciones para la equidad y los costes y beneficios de mejorar la eficiencia.
*Una implicación mayor y más temprana de las autoridades fiscales.
*Consultas amplias con los grupos de interesados y la opinión pública en general.
*Anunciar el establecimiento de los impuestos por adelantado.
*Su introducción en un paquete de medidas complementarias.
*Establecimiento gradual del impuesto.
*Reciclaje de los ingresos hacia:
‑los contribuyentes (para medidas ambientales mediante reembolsos o incentivos para la inversión, información y formación).
‑sectores afectados (algunos ingresos de una tasa sobre los residuos pueden ir hacia el sector de los residuos).
‑la reducción de otros impuestos, como los establecidos sobre el trabajo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.
*Aumentar el efecto incentivador mediante: el incremento gradual de la señal real de los precios a lo largo de periodos largos, y la reducción gradual de las exenciones.
*Medidas de evaluación diseñadas como parte del sistema impositivo.
La ecotasa y el turismo sostenible
El desarrollo turístico debe ser sostenible a largo plazo, viable económicamente y equitativo, desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El turismo más sostenible es el que se hace en casa, leyendo un libro, delante del televisor o conectado a Internet, o paseando por el barrio. Pero como en el mundo real el turismo es un fenómeno de masas, que responde a necesidades reales y creadas, y que cada vez tendrá más importancia, por el aumento del nivel de renta y de tiempo libre, y además las poblaciones beneficiadas necesitan fuentes de ingreso y empleo, conviene encauzarlo y regularlo, con el fin de reducir sus repercusiones globales (emisiones del transporte aéreo y por carretera) y locales (pérdida de biodiversidad, degradación de recursos) y asegurar su sostenibilidad.
La búsqueda de rentabilidades inmediatas, permitiendo la masificación y la destrucción de los recursos que atraen al turista (playas, paisajes, naturaleza, monumentos o cultura local), deteriora en unos pocos años la fuente de ingresos, como comprendieron en Baleares, donde la administración regional implantó una ecotasa o impuesto ecoturístico, que gravaba las estancias en hoteles y apartamentos de los 10 millones de turistas con un impuesto diario de 2 a 0,25 euros. La ecotasa preveía recaudar unos 60 millones de euros al año y habría servido para que el gobierno balear financiase la mejora de zonas turísticas y la recuperación de espacios rurales y naturales. El PP y los principales empresarios y turoperadores rechazaron la ecotasa, y Jaume Matas la derogó tras llegar al gobierno.
La ecotasa turística de las Baleares, sin embargo, era totalmente insuficiente para frenar la llegada masiva de turistas, no era totalmente finalista y además no gravaba al turismo residencial, que es el que ocasiona mayores daños ambientales. Pero a pesar de sus limitaciones y deficiencias, es un primer paso y supone un avance sustancial sobre la situación anterior. Las críticas de Joan Buades, por entonces diputado verde por Ibiza, estaban bien fundamentadas y razonadas, pero pecaban de radicalismo y de falta de flexibilidad.
La ecotasa plasmó una determinada correlación de fuerzas, y mientras no varíe, en un contexto democrático, será difícil ir más allá. El siguiente paso sería gravar la construcción turística no hotelera y las segundas residencias en suelo rústico.
Las ecotasas turísticas, si se destinan a solucionar los problemas ambientales que causa el turismo (impuesto finalista), puede tener efectos positivos en el empleo y en el medio ambiente, según la Unión Europea. A largo plazo, si no se frena la degradación ambiental, se acabará con el propio turismo. Las ecotasas son uno de los principales instrumentos para asegurar la sostenibilidad del propio fenómeno turístico.
La ecotasa puede frenar el crecimiento de la oferta turística, ante las consecuencias de la masificación, fenómeno que ya afecta a la mayor parte del norte del litoral mediterráneo. Baleares, con una población estable de 797.000 habitantes, cuenta con 390.000 plazas turísticas y recibe anualmente diez millones de turistas, casi todos por avión, el modo más contaminante.
Se ha recomendado introducir el concepto de capacidad de carga en la industria turística, limitando su número, especialmente en las zonas sensibles, como parques nacionales y reservas protegidas. Las diversas administraciones deberían preparar auténticos Planes de Turismo Sostenible, que vayan más allá de un catálogo de buenas intenciones.
Las repercusiones globales del turismo se pueden reducir aumentando la fiscalidad ecológica sobre los combustibles, especialmente el queroseno (combustibles de los aviones), el gasóleo y la gasolina y otros recursos, como el suelo, el agua o los residuos que se vierten. El medio ambiente con precios entra, y sin instrumentos fiscales no se cumplen los fines.
La reforma fiscal ecológica
La reforma fiscal ecológica, según la propia D.G. XI de la Unión Europea, “supone el traslado de una gran proporción de la fiscalidad desde las actividades que generan valor añadido a las que sustraen valor, como son el uso de la energía y de recursos, los residuos y la contaminación”.
La reforma fiscal ecológica incluye la eliminación de las subvenciones a las actividades insostenibles e incentivos para promover las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de la huella ecológica.
En teoría, la reforma fiscal ecológica no tiene porque suponer un aumento de la carga fiscal, aunque si supondrá un cambio importante, al reducir la fiscalidad sobre el trabajo y aumentarla sobre el consumo de energía y recursos en general. Parte de la reforma fiscal ecológica consiste en “reverdecer” los impuestos y tasas ya existentes, como el IBI, el IVA, el Impuesto de Sociedades e incluso el IRPF.
Bien diseñada, la reforma fiscal ecológica debería servir para aumentar el empleo, reduciendo el consumo de energía y recursos naturales. Lo bueno es el empleo, y por tanto hay que reducir su carga fiscal, y lo malo es el consumo de energía y recursos (plásticos, papel, productos químicos, cemento, materiales de cantera, suelo), cuya carga fiscal debe aumentar. El fin es enviar un mensaje claro a todos los agentes sociales, complementando el conjunto de políticas encaminadas a la sostenibilidad ambiental y a la equidad social, con el fin de reducir e incluso eliminar las actividades más insostenibles, promoviendo las más sostenibles (energías renovales, transporte público, reciclaje, agricultura ecológica, entre otras). Los nuevos impuestos ambientales deberían llegar a representar el 35% de la carga fiscal dentro de una década, frente al 7% actual, gravando fundamentalmente el consumo de energía (combustibles fósiles y energía nuclear) y de tierra. La carga fiscal sobre la tierra es especialmente importante (se trataría de eliminar la fiscalidad sobre los edificios, incrementando la de la tierra), porque bien diseñada abarataría el precio de las viviendas y promovería ciudades densas y compactas, frente al modelo de ciudades dispersas importado de Estados Unidos.
Los nuevos impuestos ecológicos igualmente podrían y deberían servir para financiar total o parcialmente la renta social básica.
Pero en cualquier caso la reforma fiscal ecológica hoy es sólo una propuesta, y su materialización práctica será un proceso largo y tortuoso que deberá enfrentarse a la poderosa oposición de las empresas afectadas, los partidos políticos de la derecha y los grandes medios de comunicación. Si un pequeño paso como la ecotasa turística de las Baleares levantó tal oposición, ¿qué no sucederá con una propuesta de mucho mayor calado, como la reforma fiscal ecológica? Los sectores perdedores se movilizan más y más duramente que los potenciales vencedores.
El mejor impuesto, políticamente, es el que ya existe, pues no suscita polémicas. Sin embargo, los sondeos de opinión realizados en la Unión Europea y en Estados Unidos demuestran que el 70% de las personas encuestadas apoyan la reforma fiscal ecológica, cuando se explica adecuadamente. Su aplicación requerirá un largo proceso de explicación y movilización social.
La nueva política fiscal ecológica tiene como objetivo avanzar hacia la equidad y hacia la sostenibilidad, redistribuyendo la renta a favor de los más pobres, penalizando las actividades más insostenibles y promoviendo nuevos sectores más intensivos en empleo y más sostenibles, como la eficiencia energética, las energías renovables, el transporte público, el reciclaje, la educación, la sanidad y una nueva cultura del agua. En los países industrializados los ingresos fiscales representan entre el 30 % y el 50% del PIB
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