El Plan Eólico de Asturias preveía la instalación de 1.150 megavatios (MW), rebajados posteriormente hasta los 975 MW, pero solo se pusieron en marcha 19 parques, con 518,45 MW de potencia total.
El resto, una docena de proyectos eólicos, está sin desarrollar y la espera de que se aclaren las nuevas normas del Gobierno. Sus promotores ya han dado la voz de alarma porque la normativa asturiana de 2008 señala que si estos proyectos no están funcionando antes del próximo mes de diciembre, lo que se considera imposible, perderán su autorización administrativa.
Los empresarios eólicos consideran que la reforma energética aprobada por el Gobierno hace inviable la instalación de nuevos parques eólicos en Asturias. Además de acabar con el sistema de primas a los generadores, que deberán vender su producción en el mercado mayorista sin el complemento de una subvención con cargo a la tarifa, los cambios y la indefinición legislativa están impidiendo, de hecho, que se pongan en marcha las inversiones.
Por ello, el sector pide a los responsables del Principado que reformen la normativa regional para evitar perjuicios. El sector alude, además, a que los proyectos que corren el riesgo de perder las autorizaciones administrativas ya han pagado el punto de conexión, unos 45 millones de euros en conjunto de todos los parques y correrían el riesgo de perder su parte proporcional de esta aportación.
La Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA) alertó sobre estos perjuicios que traerá la nueva normativa para las empresas afectadas. Según esta asociación, la normativa autonómica indica que los parques con autorización administrativa perderán ésta, así como el punto de conexión o los derechos que de ella se derivan, con fecha 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando no se hayan puesto en servicio con anterioridad.
Según la asociación «a estas alturas no ha sido posible iniciar la construcción de algunos de los parques pendientes de ejecución debido a la situación de inseguridad tanto jurídica como económica en la que nos encontramos y al desconocimiento de las reglas del juego impuestas desde la Administración estatal, competente en la materia.
También denuncian los eólicos que los parques incluidos en el pre registro de asignación del año 2009 tampoco se han podido acometer, ante la falta de un marco retributivo definido y estable. Estas instalaciones tienen unos plazos de puesta en marcha fijados, plazos que no deberían empezar a contar con la entrada en vigor del real Decreto 9/2013 en tanto y cuanto no se disponga de la nueva normativa en materia de renovables.