Le traslada en una carta su preocupación por las consecuencias de la propuesta ministerial, que, entre otros efectos, dejaría sin ayudas al 65,1% de los parques eólicos de Navarra.
La Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha enviado una carta al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que le solicita consenso a la hora de abordar la reforma del sistema eléctrico, a la vez que le traslada el temor de su Gobierno por los efectos negativos que la aplicación de la propuesta de orden ministerial pudiera tener para los intereses económicos de Comunidad Foral.
En la misiva, la Presidenta Barcina le informa de que diversas asociaciones y empresas consideradas estratégicas para la Comunidad le han trasladado su preocupación por las consecuencias que para Navarra pudiera tener la nueva normativa que propone el Ministerio relativa a los nuevos parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos.
Yolanda Barcina le recuerda que la Comunidad Foral es “una región pionera” en la investigación, desarrollo e implantación de este tipo de energía: eólica, fotovoltaica, minihidráulica y de cogeneración “esta última –añade la Presidenta- vinculada a industrias que utilizan esta tecnología como factor de competitividad por su eficiencia”. En este sentido, destaca que, además de los beneficios energéticos y medioambientales, este sector ofrece una alta capacidad de generación de empleo.
En su opinión, “las últimas reformas y propuestas normativas del sector eléctrico han provocado inseguridad jurídica a los titulares de las instalaciones y pérdida de confianza en los inversores tanto nacionales como internacionales”, y advierte del “grave riesgo que el impago de los créditos va a suponer al sector bancarios y sus consecuencias para los titulares de los mismos”.
Por todo ello, “siendo consciente de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico” y de “la necesidad de modificar el marco normativo”, la Presidenta solicita al Ministro Soria que dicha reforma se aborde con “profundidad, cohesión y consenso al objeto de definir un sistema eléctrico que ponga en valor las metas alcanzadas sin hipotecar el futuro del sector”.
Impacto de la propuesta ministerial en Navarra
La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, ha elaborado un informe sobre el impacto que la propuesta de Orden Ministerial sobre las retribuciones a instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos tendrá en el sector navarro. Dicha propuesta fue remita a la citada unidad el pasado mes de febrero.
El documento analiza las consecuencias para los diferentes tipos de renovables: eólica, fotovoltaica, cogeneración, centrales hidroeléctricas y de obtención de energía a partir de residuos.
En lo que se refiere a la energía eólica, el informe señala que la Comunidad Foral se va a ver especialmente perjudicada dado su carácter pionero en este ámbito, ya que la propuesta del Ministerio deja sin ayudas a las instalaciones anteriores a 2004. Ello supondrá que 28 de los 43 parques eólicos de Navarra dejarán de percibir retribución, es decir, el 65,1%. En términos de potencia, supone el 63,9% del total (1.000 MW). Advierte asimismo de que los parques experimentales quedan fuera de las ayudas, lo que afectará a la actividad de investigación y desarrollo del sector, por que propone su inclusión en el régimen retributivo.
En cuanto a la energía fotovoltaica, el informe recuerda que existen 9.000 instalaciones en Navarra, la gran mayoría de ellas propiedad de particulares. En este sentido advierte que la propuesta del Ministerio retribuye de forma distinta a instalaciones de la misma potencia por el mero hecho de encontrarse en “huertas solares” de diferentes dimensiones, y tampoco respeta en todos los casos el criterio de economía de escala.
Además, considera negativo que las ayudas sólo se refieren al capital principal invertido por el propietario, sin tener en cuenta que la gran mayoría de los titulares son particulares que han tenido que solicitar préstamos para la adquisición de las instalaciones. Por ello, propone que se tengan en cuenta también los intereses de dichos préstamos.
Respecto de la cogeneración, energía de la cual existen 50 instalaciones, la mayoría de ellas vinculadas a industrias, destaca el hecho de que la limitación de las ayudas a un máximo de horas de funcionamiento, va a penalizar a las empresas con proceso continuo (24 horas al día, 365 días al año). Igualmente, sostiene que la energía producida no debería considerarse como un ingreso sino como ahorro. El informe reconoce el carácter estratégico de la cogeneración y advierte del “grave impacto económico que va a suponer el nuevo régimen retributivo para nuestras empresas, ya que va a penalizar la competitividad de las mismas y condicionará cualquier estrategia de inversión y por ello la capacidad para generar empleo”.
El informe analiza también el impacto sobre el centenar de centrales hidroeléctricas existentes en Navarra, de las que más del 50% tiene una potencia menor de 1 MW. A este respecto, considera perjudicial que la retribución sea igual para todas aquellas plantas de menos de 10 MW, obviando que las de pequeña potencia (menos de 1 MW) tienen unos costes operativos fijos mínimos similares a las de mayor potencia. Además, pone de relieve la diferencia de criterio entre la propuesta del Ministerio y otras normativas contables a la hora de fijar el periodo de amortización de las plantas.
Finalmente, por lo que se refiere a la obtención de energía a partir de residuos, principalmente biomasa, la Dirección General de Industria indica que aún teniendo un menor desarrollo en Navarra, la nueva normativa deja fuera de retribuciones a este tipo de plantas, comprometiendo su viabilidad y afectando también al sector forestal.
En cuanto a la energía fotovoltaica, el informe recuerda que existen 9.000 instalaciones en Navarra, la gran mayoría de ellas propiedad de particulares. En este sentido advierte que la propuesta del Ministerio retribuye de forma distinta a instalaciones de la misma potencia por el mero hecho de encontrarse en “huertas solares” de diferentes dimensiones, y tampoco respeta en todos los casos el criterio de economía de escala.
Además, considera negativo que las ayudas sólo se refieren al capital principal invertido por el propietario, sin tener en cuenta que la gran mayoría de los titulares son particulares que han tenido que solicitar préstamos para la adquisición de las instalaciones. Por ello, propone que se tengan en cuenta también los intereses de dichos préstamos.
Respecto de la cogeneración, energía de la cual existen 50 instalaciones, la mayoría de ellas vinculadas a industrias, destaca el hecho de que la limitación de las ayudas a un máximo de horas de funcionamiento, va a penalizar a las empresas con proceso continuo (24 horas al día, 365 días al año). Igualmente, sostiene que la energía producida no debería considerarse como un ingreso sino como ahorro. El informe reconoce el carácter estratégico de la cogeneración y advierte del “grave impacto económico que va a suponer el nuevo régimen retributivo para nuestras empresas, ya que va a penalizar la competitividad de las mismas y condicionará cualquier estrategia de inversión y por ello la capacidad para generar empleo”.
El informe analiza también el impacto sobre el centenar de centrales hidroeléctricas existentes en Navarra, de las que más del 50% tiene una potencia menor de 1 MW. A este respecto, considera perjudicial que la retribución sea igual para todas aquellas plantas de menos de 10 MW, obviando que las de pequeña potencia (menos de 1 MW) tienen unos costes operativos fijos mínimos similares a las de mayor potencia. Además, pone de relieve la diferencia de criterio entre la propuesta del Ministerio y otras normativas contables a la hora de fijar el periodo de amortización de las plantas.
Finalmente, por lo que se refiere a la obtención de energía a partir de residuos, principalmente biomasa, la Dirección General de Industria indica que aún teniendo un menor desarrollo en Navarra, la nueva normativa deja fuera de retribuciones a este tipo de plantas, comprometiendo su viabilidad y afectando también al sector forestal.