La tecnología con un mayor número de estándares será la fotovoltaica, con un total de 580, seguida de la cogeneración (480), hidroeléctricas (150), biogás (70), biomasa (50), eólica (45), termosolar (20) y residuos (5).
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de parámetros retributivos, de 1.761 páginas, de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, que contempla 1.517 tipos distintos de instalaciones y una vida útil regulatoria de hasta 30 años, y supondrá un recorte de unos 1.700 millones de euros.
De la cifra récord de 1.761 páginas de las que consta la orden, 15 se corresponden al articulado, mientras que el anexo se compone de 1.746 páginas que describen los parámetros de la nueva retribución.
La orden ministerial establece un total de 1.517 instalaciones tipo para recoger la amplia casuística existente por cada tecnología, potencia, año de puesta en marcha, combustible empleado, sistema eléctrico y otras características técnicas.
Asimismo, fija la vida útil regulatoria para cada tecnología, que no podrá en ningún caso ser revisada una vez asignada a cada instalación.
La tecnología con mayor vida útil regulatoria será la fotovoltaica, con 30 años, seguida de la cogeneración, termosolar, hidroeléctrica, biomasa, biogás y residuos, con 25 años, mientras que para la eólica se establecen 20 años.
Respecto a la retribución específica, se aplica el valor de rentabilidad razonable para el primer periodo regulatorio en las obligaciones del Tesoro a 10 años de los 10 años anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley, más 300 puntos básicos, establecido en el Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
Por el contrario, no perciben retribución específica adicional a la del mercado las instalaciones que hayan superado la vida útil regulatoria y aquellas que aun estando dentro de su vida útil regulatoria hayan alcanzado el nivel de rentabilidad razonable establecida.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la aplicación de los nuevos parámetros retributivos puede suponer un descenso de unos 1.700 millones de la retribución específica percibida en 2014 por el conjunto de las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la aplicación de los nuevos parámetros retributivos puede suponer un descenso de unos 1.700 millones de la retribución específica percibida en 2014 por el conjunto de las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos.
En total, para este año prevé unos incentivos totales de 7.014 millones, de los que la tecnología solar fotovoltaica recibiría la mayor cantidad (2.445 millones), seguida de la cogeneración (1.513), la solar termosolar (1.252), eólica (1.194), biomasa (294), tratamientos de residuos (253), residuos (51) e hidráulica (12).
El conjunto de estas tecnologías se espera que perciban, desde este año hasta el final de su vida útil, unos 148.000 millones en concepto de retribución específica, adicionales a lo que perciban procedente del mercado.
Desde el año 1998 hasta el año 2013, los incentivos económicos a las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, ascendieron a más de 50.000 millones, incrementándose en más de un 800% desde 2005 hasta el año 2013, cuando las primas a dichas instalaciones alcanzaron aproximadamente los9.000 millones.
Estas primas han sido financiadas fundamentalmente por los consumidores de electricidad a través de la factura, indicó Industria en la orden de parámetros.
La orden de parámetros publicada este viernes completa la reforma de las energías renovables, cogeneración y residuos, después de que el Gobierno haya adoptado otras tres normas de mayor rango. Estas son el real decreto ley 9/2013, por el que se adoptaban medidas urgentes para garantizar la establidad financiera del sistema eléctrico, la ley 24/2013, que fijó los criterios de revisión de parámetros retributivos y el establecimiento del régimen retributivo específico mediante procedimientos de concurrencia competitiva. Asimismo, el real decreto 413/2014, publicado hace dos semanas, concretó la metodología para establecer el régimen retributivo.
La reforma energética en España ha desatado un aluvión de recursos judiciales ante diferentes instancias. Los grandes despachos de abogados son los que tienen ahora el protagonismo para intentar tumbar en los tribunales la reforma energética aprobada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y que consta de 13 leyes, 9 reales decretos leyes y 14 reales decretos, desarrollados por una batería de órdenes ministeriales.
Allen & Overy, Clifford Chance, Bird & Bird o Skadden, Arps, Slate y Meagher & Flom representan a los grandes fondos de inversión extranjeros ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial y que se encarga de dirimir las disputas de las empresas extranjeras con los Estados. Estos despachos pelean ahora por conseguir nuevos clientes afectados por la reforma energética.
Además, la lucha jurídica se ha intensificado en España en los últimos días después de que el Gobierno diera luz verde al Real Decreto con las nuevas primas a las renovables y que recoge un recorte de 1.700 millones de euros. A falta de la publicación inminente de la orden que regula esta normativa, bufetes como Prices, Watson, Farley & Williams Spain, Gold, Confivendis o Piet Holtrop están ya preparando toda la cadena de recursos.
Según fuentes jurídicas consultadas, las posibilidades de enfrentarse al recorte en renovables son por una posible inconstitucionalidad al no cumplir con el derecho de propiedad, el principio de seguridad jurídica o la libertad empresarial, entre otros.
Cuatro vías
Los inversores afectados por la reforma energética tienen hasta cuatro vías de actuación: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Comisión Europea y el tribunal arbitral Ciadi.
Por su parte, el Gobierno se ha dotado de más recursos para hacer frente a estos nuevos litigios. En concreto, la abogacía del Estado ha creado una unidad especial para la defensa de los arbitrajes internacionales de este año y los nuevos que se planteen a raíz de la reforma energética. No obstante, Industria mantiene el contrato con el despacho de abogados Herbert Smith. Este contrato se limita a colaborar en la defensa de los dos arbitrajes internacionales planteados por inversores fotovoltaicos contra las medidas adoptadas en 2010.
Otro frente que deben afrontar las compañías o inversores son las refinanciaciones de sus créditos con la banca. En este sentido, desde la patronal fotovoltaica, Unef, explicaron a elEconomista que están trabajando con el bufete Osborne Clarke para tratar todo el asunto de negociación con las entidades financieras para poder cerrar las refinanciaciones de los créditos en marcha. La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ya ha presentando las reclamaciones patrimoniales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica ha llevado al Tribunal Supremo un recurso contra la orden con la que se modificaron algunos aspectos del mecanismo de interrumpibilidad (servicio por el que se incentiva a los consumidores industriales). Al igual que las grandes eléctricas, la patronal eólica recurrió la orden ministerial del 14 de febrero, por la que se fijaron los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013. Cabe recordar que la pasada semana, el Alto Tribunal dio parcialmente la razón a Gas Natural y anuló parte del articulado.
Asimismo, Endesa, Iberdrola y Gas Natural también han recurrido a la financiación del nuevo bono social, así como la orden de peajes extraordinaria que se aprobó en agosto del pasado año.
Las comunidades autónomas han cerrado filas con los inversores y grupos empresariales afectados por los recortes. Andalucía, Extremadura, Murcia, Cataluña y la Diputación Foral de Navarra han acudido al Tribunal Constitucional por los recortes ya aprobados por Soria en 2012 para encauzar el déficit de tarifa. Sus recursos de inconstitucionalidad han sido admitidos a trámite.
Por su parte, el Constitucional también debe contestar sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada recientemente por el Supremo por la mencionada orden de peajes de agosto, donde se reconoció un déficit de 3.000 millones de euros, tras haber anulado una dotación de los Presupuestos Generales del Estado para financiar el desfase eléctrico.
Por otro lado, el presidente de Asociación de Productores de Energía Fotovoltáica (Anpier), Miguel Angel Martínez-Aroca, también ha adelantado que la aprobación del Real Decreto 413 que regula a las renovables se enfrentará a las miles de demandas que presentarán las 62.000 familias que invirtieron en solar fotovoltaica.
Al margen de la lucha judicial, la Asociación solar quiere trasladar a las calles de Madrid su desacuerdo con las reformas del Gobierno. Para ello han organizado este sábado una marcha para expresar el rechazo al nuevo marco regulatorio impuesto a las tecnologías renovables.
La manifestación se iniciará a las 12:30 horas y discurrirá por el paseo de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, finalizando con una concentración que tendrá lugar frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Allen & Overy, Clifford Chance, Bird & Bird o Skadden, Arps, Slate y Meagher & Flom representan a los grandes fondos de inversión extranjeros ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial y que se encarga de dirimir las disputas de las empresas extranjeras con los Estados. Estos despachos pelean ahora por conseguir nuevos clientes afectados por la reforma energética.
Además, la lucha jurídica se ha intensificado en España en los últimos días después de que el Gobierno diera luz verde al Real Decreto con las nuevas primas a las renovables y que recoge un recorte de 1.700 millones de euros. A falta de la publicación inminente de la orden que regula esta normativa, bufetes como Prices, Watson, Farley & Williams Spain, Gold, Confivendis o Piet Holtrop están ya preparando toda la cadena de recursos.
Según fuentes jurídicas consultadas, las posibilidades de enfrentarse al recorte en renovables son por una posible inconstitucionalidad al no cumplir con el derecho de propiedad, el principio de seguridad jurídica o la libertad empresarial, entre otros.
Cuatro vías
Los inversores afectados por la reforma energética tienen hasta cuatro vías de actuación: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Comisión Europea y el tribunal arbitral Ciadi.
Por su parte, el Gobierno se ha dotado de más recursos para hacer frente a estos nuevos litigios. En concreto, la abogacía del Estado ha creado una unidad especial para la defensa de los arbitrajes internacionales de este año y los nuevos que se planteen a raíz de la reforma energética. No obstante, Industria mantiene el contrato con el despacho de abogados Herbert Smith. Este contrato se limita a colaborar en la defensa de los dos arbitrajes internacionales planteados por inversores fotovoltaicos contra las medidas adoptadas en 2010.
Otro frente que deben afrontar las compañías o inversores son las refinanciaciones de sus créditos con la banca. En este sentido, desde la patronal fotovoltaica, Unef, explicaron a elEconomista que están trabajando con el bufete Osborne Clarke para tratar todo el asunto de negociación con las entidades financieras para poder cerrar las refinanciaciones de los créditos en marcha. La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ya ha presentando las reclamaciones patrimoniales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica ha llevado al Tribunal Supremo un recurso contra la orden con la que se modificaron algunos aspectos del mecanismo de interrumpibilidad (servicio por el que se incentiva a los consumidores industriales). Al igual que las grandes eléctricas, la patronal eólica recurrió la orden ministerial del 14 de febrero, por la que se fijaron los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013. Cabe recordar que la pasada semana, el Alto Tribunal dio parcialmente la razón a Gas Natural y anuló parte del articulado.
Asimismo, Endesa, Iberdrola y Gas Natural también han recurrido a la financiación del nuevo bono social, así como la orden de peajes extraordinaria que se aprobó en agosto del pasado año.
Las comunidades autónomas han cerrado filas con los inversores y grupos empresariales afectados por los recortes. Andalucía, Extremadura, Murcia, Cataluña y la Diputación Foral de Navarra han acudido al Tribunal Constitucional por los recortes ya aprobados por Soria en 2012 para encauzar el déficit de tarifa. Sus recursos de inconstitucionalidad han sido admitidos a trámite.
Por su parte, el Constitucional también debe contestar sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada recientemente por el Supremo por la mencionada orden de peajes de agosto, donde se reconoció un déficit de 3.000 millones de euros, tras haber anulado una dotación de los Presupuestos Generales del Estado para financiar el desfase eléctrico.
Por otro lado, el presidente de Asociación de Productores de Energía Fotovoltáica (Anpier), Miguel Angel Martínez-Aroca, también ha adelantado que la aprobación del Real Decreto 413 que regula a las renovables se enfrentará a las miles de demandas que presentarán las 62.000 familias que invirtieron en solar fotovoltaica.
Al margen de la lucha judicial, la Asociación solar quiere trasladar a las calles de Madrid su desacuerdo con las reformas del Gobierno. Para ello han organizado este sábado una marcha para expresar el rechazo al nuevo marco regulatorio impuesto a las tecnologías renovables.
La manifestación se iniciará a las 12:30 horas y discurrirá por el paseo de la Castellana, entre las plazas de Lima y Cuzco, finalizando con una concentración que tendrá lugar frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
worldwatch@nodo50.org