El litigio de Argentina con los “fondos buitre” pone en riesgo una importante inversión de energía eólica en Uruguay con aerogeneradores de Impsa.
Una firma de ese país que había licitado la quinta parte de la potencia eólica adjudicada entró en cesación de pagos, complicada por las dificultades de acceso a financiamiento. El Gobierno de Cristina Fernández podría salir a rescatarla.
El Gobierno argentino analiza el pedido de ayuda de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) para levantar el cuadro de cesación de pagos en que cayó la empresa.
La ministra de Industria de ese país , Débora Giorgi, confirmó ayer que se vienen realizando gestiones en ese sentido desde hace semanas. “Tuvimos algunas reuniones junto al ministro Axel Kicillof con Enrique Pescarmona, dueño de Impsa. Estamos trabajando para evaluar las distintas opciones, siempre que se preserven los intereses del Estado”, indicó la funcionaria.
Una de esas posibilidades consiste en que el Estado haga un aporte de capital a cambio de acciones, pero tampoco se descarta que otra empresa privada ingrese en la negociación. Las causas del default de Impsa radican en la demora de los gobiernos de Venezuela y Brasil para cancelar contratos de trabajos realizados por la compañía.
Giorgi descartó que los problemas particulares de la compañía se vinculen con el litigio del Gobierno con los fondos buitre.
Wind Power Energy, filial de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), dedicada a la generación de energía eólica, fue declarada judicialmente en bancarrota en Brasil.
Ese país le debe a Impsa alrededor de U$S 300 millones en concepto de cancelación de un parque eólico de más de 200 megavatios en Santa Catarina mientras que Venezuela mantiene un saldo cercano a U$S 250 millones por la ejecución de la represa de Tocoma.
Impsa es la empresa argentina más importante en energías renovables. En su fábrica de Mendoza produce turbinas hidroeléctricas y molinos para la generación de energía eólica. La empresa envió anteayer una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar que no podría hacer frente a un pago de intereses por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares.
En la firma no vinculan la cesación de pagos con la decisión de la Justicia de los EEUU de bloquear bloquear pagos a los bonistas argentinos, pero advierten que la dificultad en el acceso al financiamiento en general complicó el panorama.
La eventual caída en la inversión de Impsa pone en riesgo el 20% de la potencia eólica adjudicada actualmente. El jueves pasado, El Observador citando a fuentes oficiales, señalaba que por esta causa cerca de 200 MW de energía están en duda.
El director nacional de Energía, Ramón Méndez, relativizó el peligro al afirmar que se trata de parques que “no está claro quién los va a llevar adelante”. El contrato de IPMSA con el Estado vencía este viernes.