AVAESEN denuncia que de los recortes para el conjunto de España de 1.700 millones de euros, 231 millones serán en energías renovables instaladas en la Comunidad Valenciana (102 millones en energía solar fotovoltaica, 80 en eólica, 37 en cogeneración, y el resto en otras energías como biomasa, termosolar, mini hidráulica y residuos).
La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto de energías renovables al considerar que vulnera la Carta Europea de la Energía y el principio de rentabilidad razonable y desprotege inversiones amparadas por ley.
La entidad argumenta en su recurso, según explica en un comunicado, que el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, que delimitan los derechos y obligaciones de los titulares de instalaciones renovables y los requisitos y trámites administrativos, “no son conformes a derecho”.
Para la asociación, la nueva normativa implica en determinadas instalaciones una pérdida de ingresos que las hacen “totalmente inviables”, con gastos y costes de mantenimiento superiores a los ingresos fijados por el Ministerio, por lo que la rentabilidad razonable a la que hace referencia la norma “no se cumple”.
Alega además la no protección de las inversiones al amparo de norma legal, la expropiación encubierta de derechos adquiridos y negocios amparados legalmente, la vulneración de la Carta Europea de la Energía, la congelación y paralización del desarrollo de las energías renovables y la vulneración del principio de legalidad y arbitrariedad legislativa, entre otros.