Con 697,7 MW termosolares Andalucía ocupa el primer puesto seguida de Extremadura con 300 MW, Castilla la Mancha con 150 MW y Murcia.
A datos de 31 de marzo de 2013, Andalucía cuenta ya con 947,50MW distribuidos en 21 centrales termosolares comerciales y dos experimentales. Asimismo, lidera el aprovechamiento de la energía solar a nivel nacional para la generación de electricidad y calor.
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha ofrecido estas cifras a través de la Agencia Andaluza de la Energía, en la conmemoración de los Días Europeos de la energía Solar, que se celebra del 1 al 19 de mayo en toda Europa.
En total, Andalucía cuenta a marzo de 2013, con una potencia eléctrica total instalada con energías renovables de 6.017,44 MW de los que 1.796,25 MW pertenecen a las tecnologías termosolar y fotovoltaica.
El director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, ha recordado que Andalucía considera el sector de las energías renovables como una actividad estratégica para la competitividad de la economía andaluza, ya que implica a cerca de 1.400 empresas, que emplean a más de 44.000 personas y han movilizado hasta ahora más de 11.000 millones de euros en inversiones.
De esta forma, el pasado año cinco nuevas centrales termosolares comenzaron a operar en Andalucía: Solacor 1 y Solacor 2 en la localidad cordobesa de El Carpio; Soluz Guzmán en Palma del Río y La Africana, en Fuente Palmera, ambas en la provincia de Córdoba; y la planta Morón, en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. Cada una de ellas tiene una potencia de 50 MW con las que se abastecerá a una población equivalente a 115.000 familias.
Según la Agencia Andaluza de la Energía, a 31 de marzo de 2013, la Comunidad Autónoma andaluza cuenta con 947,5 MW termosolares distribuidos en veintiuna centrales y dos experimentales que abastecen a una población equivalente de 428.000 hogares y evitan más de 727.000 toneladas de CO2 anuales, como si retiráramos del mercado de la circulación 460.000 vehículos de la circulación. Esto supone que la región andaluza ha superado la previsión a 2013 del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener) fijada para esta tecnología en 800MW.
Por provincias, Sevilla --poseedora de unos niveles de radiación solar muy por encima de la media española-- es la que presenta un mayor grado de implantación de instalaciones termosolares con un total de diez plantas y 2 experimentales con 398 MW de potencia global. Le sigue Córdoba, con seis plantas y 300 MW; Granada, con tres infraestructuras termosolares y 149,7 MW; y, finalmente, Cádiz, que cuenta con dos parques operativos y 100 MW de potencia instalada.
Además, en Morón de la Frontera existen en fase de construcción 49,90 MW de potencia termosolar, que abastecerán a una población equivalente de 23.000 familias y evitarán unas 38.000 toneladas de CO2. Previsiblemente estarán en funcionamiento antes de final de 2013.
Energía solar fotovoltaica
En materia de energía solar fotovoltaica, la región posee actualmente 840,73 MW de potencia eléctrica instalada conectada a red, que la sitúan como la segunda comunidad española en esta tecnología, con un 18,7 por ciento del total nacional. Así, cuenta con infraestructuras capaces de producir electricidad para abastecer las necesidades eléctricas de 275.000 hogares. Además, cuenta con 8 MW de instalaciones fotovoltaicas aisladas, lo que hace que Andalucía ocupe la primera posición en cuanto a potencia instalada en fotovoltaica aislada con más del 38% del total nacional. Estas instalaciones se utilizan generalmente para abastecer a viviendas rurales y bombeos de agua, ubicados en zonas de sierra y alejados de la red eléctrica.
En conjunto (fotovoltaica aislada más conectada), se han superado los 848 MW en funcionamiento. La provincia de Sevilla con 197,24 MW es la que cuenta con más MW fotovoltaicos. Le sigue Córdoba con 194,87, Granada con 93,42 MW, Jaén con 87,34 MW, Almería con 83,24 MW, Cádiz con 72,92 MW, Huelva con 67,73 MW y Málaga con 51,99 MW fotovoltaicos.
Actualmente, en Andalucía hay más de cien empresas dedicadas a la explotación de los 840,73 MW fotovoltaicos conectados a red en funcionamiento.
Solar térmica
En lo que se refiere a energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria, la región es líder en España con 796.480 metros cuadrados de superficie que se distribuye así provincialmente: Sevilla cuenta con 285.312 metros cuadrados; seguida de Málaga, con 171.426 metros cuadrados; Cádiz, con 127.789 metros cuadrados; Almería, con 67.543 metros cuadrados; Huelva, con 53.865 metros cuadrados; Granada, con 38.557 metros cuadrados; Córdoba, con 34.724 metros cuadrados, y Jaén con 17.264 metros cuadrados solares térmicos.
Ávila presenta en el Tribunal Constitucional el recurso contra tres normas del Gobierno central que perjudican las energías renovables
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, presentó en Madrid ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra tres normas estatales que perjudican el desarrollo de las energías renovables y que ya fue autorizado el pasado martes por el Consejo de Gobierno. Se trata de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético).
La Ley 15/2012 crea nuevas figuras tributarias y grava con un tipo único del 7% los ingresos por generación eléctrica. Ello afecta especialmente a las firmas del sector de las renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año.
El consejero ha considerado que la creación del impuesto, que además podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual.
El consejero de Economía, Antonio Ávila, durante la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional.
Además, ha subrayado que el nuevo tributo es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la Unión Europea y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Por un lado, el cambio normativo por vía de urgencia crea una situación de incertidumbre en el régimen jurídico del sector, así como entre los operadores y los ciudadanos. En cuanto a la confianza legítima, el afán recaudatorio de la medida supone la quiebra de las inversiones que las empresas realizaron al confiar en un marco regulatorio estable.
Por su parte, el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, sustituye el Índice de Precios de Consumo (IPC), con el que anualmente se actualizaba la retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58% frente a 2,25% el pasado año).
Además, en sus tres primeros artículos y en su disposición adicional única, esta norma suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada. El Gobierno central ha impuesto como única posibilidad la vía de la tarifa regulada, lo que igualmente supone un cambio de las reglas establecidas que habían condicionado las decisiones de inversión de los promotores.
Según el consejero, esta decisión no responde a la "extraordinaria y urgente necesidad" que el artículo 86 de la Constitución Española exige para utilizar la figura del Real Decreto-Ley. Asimismo, tanto el cambio del sistema de retribuciones desde el 1 de enero de 2013 como su aplicación retroactiva a las instalaciones que han estado operando hasta la entrada en vigor de la norma vulneran los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derecho.
Inseguridad jurídica
La tercera de las normas que se recurren, el Real Decreto-Ley 29/2012, exige con efectos retroactivos nuevos criterios a proyectos que se han sometido a una tramitación distinta para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de instalaciones de producción de régimen especial. Esta medida, recogida en el artículo 8, también contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad. A juicio de Ávila, el objetivo de paliar el déficit tarifario es una situación mantenida en el tiempo, por lo que no concurre la condición de inmediatez exigida para la utilización del Real Decreto-Ley.
El recurso se apoya tanto en el diagnóstico del sistema energético andaluz como en la opinión de los representantes del sector de las renovables, estratégico para el desarrollo de la comunidad autónoma. En este sentido, la Junta recuerda que la supresión de los incentivos el pasado año ya ha supuesto dejar en el aire casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones que podrían generar más de 38.000 empleos directos y supondrían 4.300 MW adicionales de potencia.
El titular de Economía remarca que las medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos. Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no incluyen ninguna partida para renovables ni políticas de ahorro y eficiencia, abandonando los planes que se desarrollaban en estas dos ámbitos.
A juicio de Ávila, las principales actividades perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en la comunidad autónoma el 61% de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder. Las renovables cuentan en Andalucía con 1.400 empresas, que dan empleo a casi 45.000 personas.